La priemra Sociedad Rural Argentina, (entidad por acciones que nada tiene que ver con la Sociedad Rural Argentina que existe actualmente), creada en Julio de 1826 para explotar la enfiteusis y hacerse dar las mejores concesiones. Rivadavia, uno de sus más fuertes accionistas, no le escatima su apoyo. Sus agrimensores localizan 125 leguas repartidas en Lobería, Volcán, Tapalqué, 25 de Mayo y Saladillo, que el gobierno les concede de inmediato. Compran, además, los derechos de otros enfiteutas y, sin explotar establecimientos ganaderos, ya que su negocio consiste en subarrendar y esperar la valorización, llegan a formar un pulpo agrario cuyos tentáculos se extendían a varios partidos de la provincia.

Presidencia de Bernardino Rivadavia. El régimen de la propiedad inmobiliaria rural Editar sección

Los comisionistas del empréstito concertado con los banqueros Baring de Londres, valiéndose de los “amplios poderes” que han recibido por ley, dan como garantía de dicho empréstito “todos los bienes, rentas, tierras y territorios” de Buenos Aires. La consolidación de la deuda, dispuesta por ley el 16 de Febrero de 1826, extiende a toda la Nación la garantía hipotecaria que grava la tierra de Buenos Aires. Es así que queda especialmente afectada al pago de la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe. El 16 de Marzo de 1826 un decreto prohíbe también en todo el territorio de la Nación, la enajenación por venta, donación o cualquier otra forma, de las tierras y demás bienes de propiedad pública. Este tipo de hipoteca de la tierra pública era un procedimiento común en la época, en los países europeos y latinoamericanos.

La tierra ganada a los indios en Buenos Aires y la paz concertada con éstos por Rosas en el Guanaco, durante el gobierno de Las Heras, motivan muchas concesiones en enfiteusis a partir de 1825. En Dolores, Lobería, Volcán, Tandil, Pergamino y otros lugares se denuncian lotes que van de las 3 a las 40 leguas, concedidos a nombres entre los que figuran Sebastián de Lezica, Pedro Trápani, Pedro Echegaray, Ambrosio Cramer, Patricio Lynch, etc. Casi todas estas concesiones toman inmediatamente el carácter de latifundio porque sus beneficiarios no las explotan directamente: se limitan a subarrendarlas o a dejarlas improductivas, en espera de que pasen los 33 años que constituyen el plazo de amortización del empréstito.

Las concesiones de enfiteusis no se limitan a las tierras ganadas a los indios, Ciertos agrimensores localizan baldíos en zonas ya colonizadas y presentan solicitudes de enfiteusis en Luján, Cañuelas, Chascomús y hasta en San Isidro, Quilmes y Chacarita.

La fiebre de las concesiones lleva a algunos especuladores a denunciar más allá de la frontera. Facundo Quiroga, por intermedio de su apoderado Braulio Costa, denuncia 12 leguas al oeste de Bragado, y Tomás Manuel de Anchorena, con 15 leguas en Fuerte Independencia y 19 y media en Monsalve, solicita 68 leguas más, al sur de este punto.

El más importante de los concesionarios es la Sociedad Rural Argentina, (entidad por acciones que nada tiene que ver con la que existe actualmente), creada en Julio de 1826 para explotar la enfiteusis y hacerse dar las mejores concesiones. Rivadavia, uno de sus más fuertes accionistas, no le escatima su apoyo. Sus agrimensores localizan 125 leguas repartidas en Lobería, Volcán, Tapalqué, 25 de Mayo y Saladillo, que el gobierno les concede de inmediato. Compran, además, los derechos de otros enfiteutas y, sin explotar establecimientos ganaderos, ya que su negocio consiste en subarrendar y esperar la valorización, llegan a formar “un pulpo agrario cuyos tentáculos se extendían a varios partidos de la provincia”.

Si las tierras ganadas a los indios están desiertas no ocurre lo mismo con las que están dentro de la primera línea de fortines. Son baldíos ocupados por criollos sin más títulos que una larga posesión, un rancho y algún rodeo de vacas, pero que no han gestionado su título. El 28 de Septiembre de 1825, el gobierno de Las Heras dispone que quienes sin previo aviso se hallasen ocupando terrenos del Estado gestionen dentro de los 6 meses su concesión en enfiteusis, bajo amenaza de desalojo. Ninguno lo hace: se creen legítimos dueños, no leen el Registro Oficial o carecen de la extensión mínima de una suerte de estancia para pedir la enfiteusis. En consecuencia, el 15 de Abril de 1826, ya Presidente de la República, Rivadavia dispone, que en vista de no haberse ejecutado con todo rigor el decreto del 28 de Septiembre pasado, desalojar irremisiblemente por la fuerza pública a los intrusos y entregar sus tierras a quienes las habían solicitado en enfiteusis.

Durante un mes y medio el Congreso debate un proyecto de ley del gobierno que extiende a todo el país el régimen enfitéutico, acerca del cuál Agüero subraya su finalidad fiscal. La ley de enfiteusis es sancionada por el Congreso Nacional el 18 de Mayo de 1826. Establece que las concesiones durarán veinte años; que serán tasadas cada diez años por un jury o comisión, compuesto por vecinos del partido y titulares de derecho; que el monto del arrendamiento anual será del 8 por ciento de la tasación en los campos de pastoreo y del 4 por ciento en los de agricultura. El pago del primer año se facilita permitiendo su abono en cuotas al solventarse la segunda y tercera anualidades. Para evitar el acaparamiento de tierras del Estado, el gobierno sostiene que el canon no debe disminuir por debajo de lo establecido en el proyecto, y trata de evitar “que los campos de propiedad pública vengan a ser patrimonio de unos pocos”.

La aplicación de la ley resulta un fracaso, aun desde el punto de vista exclusivamente fiscal. Las tasaciones de los vecinos son, naturalmente, bajas. Ni aun así los enfiteutas pagan la reducida cuota de su canon. En realidad nadie paga el alquiler de la tierra.